SANTIAGO, República Dominicana.-Tras la advertencia de ejecutivos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), de poner fin al cobro del servicio de recogida de basura, a partir del próximo 06 de enero, el consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago, Raffy Ceballos, calificó el anuncio como un absurdo y que sería ilegal.
Ceballos alega que aunque las leyes son interpretativas, en este caso, los ejecutivos de la Coraasan, perderían el pleito legal, en cualquier escenario, porque esa institución no puede desistir del compromiso de cobrar por este servicio de manera administrativa.
En comunicación con la redacción de acento.com.do, en Santiago, Ceballos agregó que para lograr este objetivo, que se requiere de una modificación de la Ley 582-77, que creó Coraasan, porque de lo contrario, habría una violación.
A todo esto el consultor jurídico de la Coraasan, Jorge Ortega, aclara que la ley no impide a sus representados actuar en este sentido.
“La ley habla de que la Coraasan deberá establecer acuerdos con los ayuntamientos, para el cobro de servicios, pero no establece que es obligatorio”, afirma Ortega, quien además asegura, que en el caso de la Coraasan y el Ayuntamiento de Santiago, no ha habido, ningún tipo de acuerdo entre las partes, debido a que las autoridades actuales no han estado interesadas en formalizar el convenio.
El vocero de Coraasan en materia legal, establece que lo que hay hasta ahora es una especie de acuerdo verbal, que nunca se ha llegado formalizar.
“Es la segunda vez que cierran las oficinas de cobros (de Coraasan), pero esta vez, no solo pusieron una cinta, ahora el asunto fue más grave, porque ahora ellos entraron a las oficinas y una muestra de esto es que cambiaron las cerraduras, y para hacer esto se debe de entrar”, explica Darío Fernández, vocero de Relaciones Públicas de la Coraasan
“CORAASAN deberá acordar con los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Santiago que se incluyan en las facturaciones por servicios de agua, cargos por otros servicios municipales, cuyos valores correspondientes serán entregados a los respectivos ayuntamientos dentro de los treinta (30) días de cobrados”, se lee en el artículo 6 de la Ley 582-77, del 4 de abril de 1977, modificado por le Ley 328-98, del 11 del mes de agosto de 1998).
Sobre el tema el representante legal del Ayuntamiento, advierte que las autoridades de la Coraasan serían la responsables de cualquier situación sanitaria que surja, por falta de recursos, ya que han insistido en retener recursos que le corresponden por ley a la municipalidad.
Ceballos llama a un entendimiento de las partes, independientemente de que haya diferencias entre los representativos de las dos instituciones involucradas en el problema.
En la otra cara de la moneda, Jorge Ortega ha explicado que de parte del Ayuntamiento no ha habido intenciones de hacer acuerdos.
“Ellos han predicado que están en la disposición de procurar un acuerdo, pero no lo hacen, una muestra de esto es la forma como han accionado, con la incautación de equipos, cierre de oficinas y otras acciones”, afirma Ortega.
El abogado dijo que el problema es más crítico ahora, luego que el acalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, ha ordenado por segunda vez, el cierre de las oficinas de cobró de la Coraasan en el primer nivel del edificio del Palacio Municipal.
“Es la segunda vez que cierran las oficinas de cobros (de Coraasan), pero esta vez, no solo pusieron una cinta, ahora el asunto fue más grave, porque ahora ellos entraron a las oficinas y una muestra de esto es que cambiaron las cerraduras, y para hacer esto se debe de entrar”, explica Darío Fernández, vocero de Relaciones Públicas de la Coraasan.
Aunque el centro del conflicto entre la Coraasan y el Ayuntamiento es una deuda millonaria, entre ambas instituciones estatales y las diferencias políticas entre Silvio Durán, director de la Coraasan y el alcalde Abel Martínez, el secretario general del Ayuntamiento, Héctor Ramírez, ha dicho que se trata de una acción administrativa, porque las autoridades municipales necesitan el espacio, para otras oficina.
En la sede del Gobierno Local, operan oficinas de otras instituciones del Gobierno Central, pero estos espacios no han sido tocados, solo el espacio usado por la Coraasan.
El enfrentamiento
El conflicto entre el Ayuntamiento y la Coraasan obedece a la retención por parte de esta última de unos RD$ 44 millones que pertenecen al cobro del servicio de la recogida de basura. Según Ortega, este monto está acumulado desde la gestión de Gilberto Serulle.
“A esta gestión se le ha pagado no se le ha pagado noviembre y diciembre, porque hay un embargo, contra la cuenta de la Coraasan, para evitar que el Ayuntamiento cobre ese dinero”, afirma Ortega, asegura, que la deuda del Ayuntamiento a la Coraasan por cobro de agua en las plazas públicas es más de RD$ 200 millones, monto que las autoridades municipales actuales no han estado en disposición de pagar.
Alegan espacio es de Coraasan
Los ejecutivos de la Coraasan se quejan del cierre de la oficinas en el Ayuntamiento y entregaron una notificación a las autoridades municipales, en la cual les advierten que el espacio ocupado por la institución, que utilizan desde hace 40 años, es parte del convenio entre ambas instituciones. Explicaron que en virtud de ese acuerdo todos los espacios de manejo municipal que tenían que ver con la administración del agua pasaron a la Coraasan, a raíz de su creación en 1977. Según los representantes legales de la Coraasan lo referente al cierre de las oficinas se decidirá en los tribunales, en caso de que el alcalde mantenga la orden del bloqueo.
En el acto de alguacil 700-2017, del 06 de diciembre del 2017, se les advierte a las autoridades municipales que si no hay una salida al conflicto que incluya abrir la oficina en el Ayuntamiento la Coraasan dejará de cobrar la basura a partir del 06 de enero del 2018. En el documento también se advierte la queja por la doble facturación del Ayuntamiento a negocios, a los cuales se le cobra la basura de manera directa, por lo que tienen una doble facturación. Ortega afirma que constantemente estos usuarios se quejan y hasta han reclamado ver el contrato entre Coraasan y el Ayuntamiento, con la intención de verificar la legalidad de los cobros.
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