SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El caso de Ginette García Campos, una mujer de 34 años edad, asesinada por Luis Espinal, quien luego se quitó la vida, en el barrio La Islita, del sector La Herradura en Santiago de los Caballeros, ha llevado luto e impotencia a sus familiares, amigos y a toda una comunidad.
El caso de esta pareja, ambos oriundos del distrito municipal Las Placetas, San José de las Matas, ha despertado la preocupación de muchos de sectores que abogan por una política de prevención de la violencia, sobre todo de los femenicidios y la violencia intrafamiliar en sentido general.
A raíz de esta tragedia quedaron huérfanos tres niños, de 13, 12 y tres años, que han quedado desprotegidos y requiere de tratamiento sicológico para poder superar la violenta pérdida de sus padres.
Raquell Rivera, del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, establece que el primer escollo que tiene la sociedad frente a al problema de la violencia de género e intrafamilia es que solo se le presta atención para las fechas conmemorativas o se menciona cuando ocurre una tragedia como la que ha afectado al sector La Herradura.
La activista social asegura que fuera de estas fechas las autoridades solo se dedican a lamentar y contar los casos mujeres asesinadas o golpeadas por los hombres, sin que se trabaje en acciones concretas de manera permanente dirigidas a la prevención.
“Por ejemplo, en noviembre para el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, tú ves que se montan muchas actividades se hacen llamados, se habla de los aspectos que generan la violencia. En fin, se hace de todo, pero una vez pasa la fecha, no se vuelve a tocar el tema hasta que llega el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer”
Raquell deplora que aún no se ha superado del todo la deficiencia del Ministerio Público en el proceso de entrega de las notificaciones y órdenes de alejamiento a los hombres agresores. Asimismo, criticó que una mujer agredida tenga que disponer de un día para poner una denuncia, por el cúmulo de usuarios y el poco personal para atender los casos.
“La violencia no es tema para trabajarlo con prisa, pero tampoco con pausa”, afirma la activista social, Raquell Rivera.
Resaltó que la mayor dificultad es que desde el Estado no hay una agenda definida para trabajar una política permanente de prevención de la violencia contra la mujer, sino que se hace todo de manera coyuntural.
“Por ejemplo, en noviembre para el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, tú ves que se montan muchas actividades se hacen llamados, se habla de los aspectos que generan la violencia. En fin, se hace de todo, pero una vez pasa la fecha, no se vuelve a tocar el tema hasta que llega el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer”, afirma Rivera.
Agrega que aunque son dos fechas con significados distintos, las personas suelen asociarlas, porque hay una especia de “modismo” de participar en actividades sobre la mujer, pero son actividades esquematizadas con el fin de que se vea que hay interés en la lucha contra la violencia de género.
Rivera propone que desde el Estado las instituciones centren su atención en la protección de las víctimas de la violencia. Subrayó que son muchos los casos en los cuales mueren ambos padres y quedan los hijos huérfanos y con el problema de enfrentar ese trauma.
“El trauma que dejan los femenicidios y sus secuelas, es una situación que no se supera nunca, aunque la trabajen los psicólogos”, dice Rivera.
Consideró que es justamente en esta problemática donde el Estado debe intervenir como garante de los derechos, para socorrer a estos niños y niñas que quedan en desamparo.
“¿Quién atiende a esos niños de los casos en los cuales muchas veces muere la madre por una agresión del padre?”, preguntó Rivera.
Recordó que en los casos en que el hombre que mata la mujer no se suicida, tampoco puede hacerse cargo de los niños porque es enviado a la cárcel o está en situación de prófugo.
“Y la situación es más preocupante, cuando es un femenicidio-homicidio, porque muchos de estos agresores se quitan la vida. En otros casos estos niños y niñas se quedan con los abuelos, en la mayoría de los casos, personas que no tienen la capacidad de atenderlos”, explicó Rivera.
La activista social explica que no hay una política para garantizar protección a las víctimas de la violencia intrafamiliar.
Agregó que conoce un programa creado por la Fiscalía de Santiago, para ayudar a las víctimas, pero cree que este esfuerzo no es suficiente para abarcar el problema y aboga porque se creen programas similares en todo el país.
Prevención desde la familia
La dirigente comunitaria Llaniris Espinal cree atinado fomentar el trabajo preventivo desde las raíces familiares, porque hay una sociedad que requiere una transformación en todos los órdenes.
“Yo entiendo que debemos iniciar, trabajando en valores desde la familia, desde la escuela, enseñándoles a nuestros niños y niñas cuáles son sus derechos y el respeto que deben tenerse mutuamente” afirma Espinal.
Establece que hacen falta políticas públicas que involucren a la mujer para que aprendan a identificar dónde empieza la violencia, que muchas veces inicia en el noviazgo.
Protección oficial
Según Nelly Mirabal, coordinadora del programa, esta iniciativa se mantiene vigente y se ha extendido no solo a niños y niñas víctimas de los feminicidios, sino que lleva protección a personas que son víctimas de la criminalidad en cualquier circunstancia.
En 2008 la Procuraduría Fiscal de Santiago empezó el Programa de Apoyo a Niños y Niñas Víctimas de la Violencia y la Criminalidad, con el fin de llevar ayuda a las víctimas de los casos de violencia.
Según Nelly Mirabal, coordinadora del programa, esta iniciativa se mantiene vigente y se ha extendido no solo a niños y niñas víctimas de los feminicidios, sino que lleva protección a personas que son víctimas de la criminalidad en cualquier circunstancia.
Según los datos de la Fiscalía, en estos momentos 48 familias son alcanzadas con los beneficios del programa. Esas familias reciben servicios de orientación, protección, asesoría legal y otras facilidades. Hay 96 niños entre las personas que reciben el auxilio de la Fiscalía. Mirabal explica que el programa no abarca a más familias porque es una acción voluntaria de los afectados.
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