Los gobiernos locales han querido ampliar su ámbito de acción, y sin prever las consecuencias, en algunos casos han legislado para su propio beneficio, como lo hicieron cuando querían cobrar arbitrios a las compañías de telecomunicaciones por instalar antenas en su territorio. Ese tema quedó resuelto con una decisión del Tribunal Constitucional.
Algunos ayuntamientos han creado policías particulares, y las han llamado policía municipal, para crear puestos de trabajo, perseguir delitos y reprimir en los casos en que lo creen necesario. Es lo que ha Ocurrido en Santiago, en donde el alcalde Abel Martínez, ha entregado armas de fuego a un grupo de ciudadanos a su servicio, que han cometido actos represivos y que chocan con la labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
Es un asunto al que no se le ha puesto la atención necesaria. Cada departamento realiza su trabajo, y mira con recelo que los llamados policías municipales usurpen sus funciones, pero nadie hace nada para poner un corte a esto. Y tragedias ya las ha habido, como la que hubo en Santo Domingo, en 2018, y un ciudadano arrebató una escopeta a un agente municipal y disparó a un ciudadano.
En el caso de Santiago hay que escuchar al representante del Ministerio Público, José Francisco Núñez, quien hizo la advertencia, vía alguacil, al alcalde Martínez Durán y al responsable de la Policía Municipal, para que se abstengan de entregar armas a los empleados bajo sus ordenes. No puede obviarse que varios casos de violencia han sido denunciados en Santiago, cometidos por los policías municipales dirigidos por el alcalde Abel Martínez.
Además, el Ayuntamiento de Santiago, ni ningún ayuntamiento o gobierno local, puede perseguir delitos. Tiene la responsabilidad de denunciarlos, para que la autoridad competente, que es el Ministerio Público, actúe de acuerdo con la ley.
Hay que evitar tragedias a cargo de personas que no tienen entrenamiento ni capacidad para manejar conflictos, como se entiende lo tienen los agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Como a este asunto no se le pone atención, muchos hechos violatorios de los derechos humanos se seguirán cometiendo en nombre de las llamadas “policías municipales”. El Ministerio de Interior y Policía tiene la responsabilidad de intervenir y detener los abusos que se están cometiendo al crear de manera administrativa cuerpos de policías con una dudosa autoridad y un débil sustento legal.
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