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Santo Domingo.- La comparecencia pública del consultor jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, para justificar la injustificable aprobación de un aeropuerto privado a dos minutos de vuelo de otro ya existente y en los estertores de la presente administración, es otro eslabón más en una cadena de irregularidades y da alas a quienes avistan corrupción a lo largo de todo el proceso.
Hasta por simple prudencia debió abstenerse el señor Espinal de asumir la defensa de un procedimiento viciado sobre el que pesan varias denuncias en la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y evitar así las sospechas de que su intromisión en un asunto que es ya de competencia judicial busca condicionar la actuación del ministerio público. Se trata de una presión indebida en un estado de derecho, un irrespeto preocupante a la separación de poderes que debería tener consecuencias si de verdad queremos preservar la salud democrática de nuestro país.
Los argumentos jurídicos del señor Espinal no alcanzaron para explicar por qué, si como dijo, el Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) se construirá con recursos privados exclusivamente y sin costo para el Estado, el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) le aprobó a la carrera el 16 de julio exenciones fiscales por 15 años que, al decir del Ministerio de Hacienda, costarán al Estado más de 4 mil millones de pesos y de las que no gozan los demás aeropuertos. De acuerdo a ese ministerio, el proyecto es financieramente inviable sin el generoso apoyo del Estado dominicano. Que conste, a la concesión fiscal se le dio carácter definitivo sin que la documentación de rigor estuviese completa, se hubiese producido un decreto de aprobación del Poder Ejecutivo —lo que ocurrió cuatro días después, el 22 de julio—, mediase el permiso municipal de uso de suelo y sin que se haya probado que los desarrolladores del AIB son los dueños titulares definitivos de los terrenos donde dicen edificarán el aeropuerto. Para colmo, el artículo tres del reglamento de aplicación de la ley de incentivos al turismo establece como una condición la “viabilidad económica” del proyecto a ser favorecido.
Los argumentos del consultor son insuficientes para despejar las incógnitas que dejan la “no objeción” y recomendación de que se suscriba un contrato entre el Estado y los dueños del proyecto evacuadas por la Comisión Aeroportuaria, al margen de sus atribuciones de acuerdo a la ley. Mucho menos se refirió el señor Espinal a que siempre el caso del AIB se ha conocido en las instancias oficiales como punto fuera de agenda en reuniones fantasmagóricas durante la pandemia, sin dar tiempo a una debida ponderación y con la documentación pertinente manejada como un secreto de Estado.
La prisa para los permisos, estudio técnico en solo 10 días hecho por un ex-empleado del Grupo ABRISA y la decisión del Instituto Dominicano de Aviación Civil de dar su visto bueno basando su análisis exclusivamente en las informaciones suministradas por los gestores del AIB, contrasta sobradamente con lo dicho hace menos de dos años por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) al entonces presidente electo mexicano Manuel López Obrador, cuando se le pidió opinión sobre la viabilidad técnica en el espacio aéreo de la operación conjunta de la Base Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muy cerca uno del otro:
“Es sumamente importante que México realice un estudio exhaustivo de todas las opciones para determinar los pros y los contras técnicos de cada una. Lo anterior requiere ser objeto de una investigación exhaustiva que toma tiempo y a menudo es costosa debido al tiempo y la experiencia de los más capacitados técnicos internacionales requeridas para asegurar que el gobierno tenga información que pueda resistir cualquier escrutinio necesaria para tales decisiones tan críticas”.
Aquí faltaba tiempo, no para un estudio exhaustivo, serio, independiente, y la observación escrupulosa de las normas legales, sino para concluir todo el proceso antes del cambio de gobierno.
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