Por SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – A pesar de que durante varios meses del 2020 el sistema de justicia se vio afectado por un paro en sus labores a causa de la cuarentena por COVID-19, el país asistió al comienzo o continuación de casos judiciales que marcaron el año. Entre esos, los que despertaron mayor interés de la población están relacionados a procesos corruptos, fruto de supuestos abusos el abuso de poder.
Comenzando por los últimos escándalos de corrupción administrativa, el 2020 dejó nuevas caras en los expedientes judiciales. Los tres casos que se detallan imputan a antiguos funcionarios y allegados a miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Operación Anti Pulpo
A principios de diciembre, la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA), reveló un expediente que describe la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina. El documento describe que Medina logró sustraer 4 mil 796 millones de pesos de los fondos públicos al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.
Las acciones bajo el nombre de Operación Anti Pulpo comenzaron el domingo 29 de noviembre y, hasta el momento conlleva 11 imputados: Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director de Fiscalización de Obras en la OISOE; Fernando Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER); Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del FONPER y hermana del ex presidente Danilo Medina; Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública; Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor de la República; Julián Esteban Suriel Suazo, relacionado a Juan Alexis Medina; José Dolores Santana Carmona, relacionado a Juan Alexis Medina; Domingo Antonio Santiago Muñoz, relacionado a Juan Alexis Medina; y Wacal Méndez, relacionado a las empresas de Alexis Medina.
Los RD$ 11 millones de hormigón asfáltico del MOPC
En septiembre, Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas (DGCP), depositaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente relacionado con la compra de RD$ 11 mil 500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante la gestión de Gonzalo Castillo.
Se trató del primer expediente que depositaron las actuales autoridades en la PGR por presuntos actos de corrupción en la administración pública.
Entre las violaciones que cita el expediente están la aprobación previa de las contrataciones, la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular.
En marzo, el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, de suministro de alimentos, denunció que el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) hizo licitaciones en estado de emergencia para justificar la adjudicación de un contrato a un proveedor específico, a pesar de que la organización no estaba dentro de las instituciones autorizadas por decreto para hacer contrataciones por emergencia.
Según una denuncia, el INAIPI abrió una licitación para 40 mil kits de comida el 31 de marzo al caer la tarde, y esta cerraba el 01 de abril a las 9:00 de la mañana. Además, de acuerdo a sus declaraciones, el INAIPI autorizó la compra de los kits de alimentos a un costo sobrevalorado a un proveedor que no participó en la licitación de emergencia que publicó el instituto.
Fruto de eso, el Ministerio Público inició una investigación que implica a Berlinesa Franco, ex directora de la entidad. Franco ya ha sido citada por la fiscal del distrito y las indagatorias continúan desarrollándose
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