Por SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la República, Luis Abinader, prohibió mediante decreto viajes al exterior, compras de automóviles de lujo, uso de vehículos oficiales los fines de semana y redujo el personal militar y policial asignado a autoridades, como parte del plan de austeridad del gasto público.
Mediante el decreto 396-21, que busca reducir gastos para seguir enfrentado el impacto económico de la COVID-19, se ordena la reducción en inversiones en remodelaciones de alto costo, los agasajos, las celebraciones y donaciones.
Entre las medidas también destaca la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y, con ello, la consecuente compra de boletos aéreos.
También, quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de funciones asignadas y debidamente autorizadas.
El decreto indica que solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada que no tenga su base en alguna ley.
En cuanto a los vehículos oficiales, queda prohibido su uso durante los fines de semana y días feriados.
Además, el decreto 396-21 también busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los ministros de Defensa e Interior y Policía una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.
Igualmente queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía, director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.
En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
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