Por MÁXIMO LAUREANO
El Fallo de prisión domiciliaria, para los oficiales Policía Nacional, teniente coronel, José Ernesto de la Rosa Pérez y el segundo teniente, Luis Antonio Montilla Lara, quienes eran parte de la patrulla, que habría dirigido la acción contra el raso Alberto De la Rosa de la Cruz, que resultó muerto en Villa González, desató la ira entre decenas de los familiares y allegados de las víctimas, que viajaron desde el municipio Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, para solidarizarse con los deudos.
La jueza de la oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Liberty Polanco, dictó prisión domiciliaria por seis meses, presentación periódica, impedimento de salida del país y cintillo de vigilancia para los dos oficiales de la Policía Nacional implicados en la muerte del raso de esa institución Alberto de la Rosa de la Cruz, de 21 años edad.
El teniente coronel José Ernesto de la Rosa Pérez y el segundo teniente Luis Antonio Montilla Lara, que eran parte de la patrulla que disparó al raso y a otros ciudadanos el 1 de febrero pasado en una comunidad del municipio de Villa González, actuaron de forma “deliberada y desproporcionada”, según los fiscales que por esa razón habían solicitado prisión preventiva para ambos.
El fallo de prisión domiciliaria desató la ira de decenas de familiares y allegados de las víctimas, que viajaron a Santiago desde el municipio Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, para asistir a la diligencia judicial y solidarizarse con los deudos.
Los parientes se quejaron porque, a diferencia de los allegados de los agentes policiales procesados, que eran decenas, a ellos le impidieron la entrada al Palacio de Justicia de Santiago.
Una vez enterados del fallo, los familiares del joven fallecido prácticamente se amotinaron en la puerta del edificio del Palacio local con actitud desafiante ante los agentes de seguridad, quienes manipularon armas para dispersar al grupo. Llovieron algunas botellas con agua, zapatos y otros objetos.
Entre llantos, los parientes de las víctimas clamaron justicia y acusaron a los actuantes judiciales de estar a favor de los agentes inculpados. La situación motivó la presencia de decenas de policías en la sede judicial.
Abogados de la familia de la víctima anunciaron que prepararán la apelación en busca de que se revierta el fallo y se dicte la prisión preventiva de los oficiales.
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