Por MÁXIMO LAUREANO
Sourelys Jáquez, la fiscal que sirvió de vocera del Ministerio Público de Santiago sobre la medida de coerción a los 39 imputados del caso de ciberdelito desmantelado con la Operación Discovery, destacó que se trata de “un dictamen sin precedentes” al involucrar al 100% de los imputados, en tanto que los abogados defensores evaluaron que se registró “un fracaso” de los fiscales.
Esto último, debido a que el Ministerio Público había solicitado privación de libertad para el total de los implicados y la jueza Yiberty Polanco impuso este castigo solo a ocho de los imputados.
La representante de la Fiscalía local también destacó que es la primera vez que se sanciona a imputados por “ciberdelito” en la República Dominicana.
Los 39 imputados son señalados como responsables de extorsión, estafa, suplantación de identidades, entre otros delitos que las autoridades les endosan a quienes califica como miembros de una red de cibercrimen que contaba con varios recintos con negocios de call centers (centro de llamadas).
Los investigadores sostienen que el grupo de apresados y procesados tenía un programa diseñado para saber cómo actuar en cada caso, según la edad de las personas contactadas, en su mayoría en los Estados Unidos a quienes sacaban dinero por medio del drama y la extorsión.
Los abogados de la defensa aseguraron que la decisión de la jueza Polanco evidencia “las debilidades” de los fiscales del Ministerio Público a los que acusan de haber montado una “especie de espectáculo mediático”.
Los defensores técnicos calificaron como “un fracaso” las actuaciones del Ministerio Público en este caso y aseguraron que, en un proceso de revisión, que se hará cada tres meses, algunas de las decisiones podrían variar a libertad pura y simple.
Los imputados enviados a prisión preventiva por 18 meses: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, considerado el cabecilla de la red; José Eliezer Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz y/o La Válvula, Máximo Miguel Mena Peña, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, alias Alikate, Genaro Antonio Hernández Caba y Jhonatan Francisco Vásquez Ventura.
Todos estos protagonistas del caso, que ha sido declarado complejo, cumplirán este período en las cárceles del Nuevo Sistema Penitenciario, como Cárcel de Rafey, en Santiago, La Isleta, en Moca y El Pinito, en La Vega.
Otras decisiones de la medida de coerción son que Enmanuel Castro Ozuna, alias Billete, cumpla arresto domiciliario, se le coloque un dispositivo de localización electrónico y se oficie que tiene impedimento de salida de la República Dominicana.
A William Hiche Cárdenas se le impuso una garantía económica de RD $500,000.00, impedimento de salida de la República Dominicana y presentación periódica el último viernes de cada mes, y asimismo la colocación de un dispositivo de localización electrónico.
A los imputados David Antonio Guzmán Javier, Juan de Dios Martínez Brito y Wilmer Abreu Durán la jueza Polanco ordenó garantía de RD $800, 000.00, impedimento de salida de la República Dominicana y dispositivo electrónico.
También quedan en libertad bajo condiciones de las autoridades Josué de Jesús Marte, Winston Rafael Batista Brito y Jean Carlos Rosa Vargas, con una garantía económica de RD $1, 000, 000.00, impedimento de salida de la República Dominicana, presentación periódica y un dispositivo de localización electrónica.
A Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz y Anabel Adames se impuso una garantía económica de RD $1, 500,000.00, prohibición de salir del territorio nacional, presentación periódica y localizador electrónico.
El imputado Enrique Sánchez tendrá que cumplir a su vez con una garantía económica de RD$300,000.00, no podrá salir del país y debe presentarse ante el Ministerio Público de manera periódica.
Unos 20 de los imputados tienen como condición una garantía económica de RD $5,000.00 a través del Banco Agrícola, presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana.
Estos imputados son Joel Estévez Then, Willys Mena, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Cristina Lhin Yeng, Linda Pérez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Wilson Núñez Rodríguez, William Alberto Díaz Cruz, José Efraín Mejía y Víctor Manuel Hernández.
También Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Salim Bautista Santana, Juan Carlos Belliard Uceta, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomas Camacho tejada, José Óscar Peguero Martínez, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Jonathan Yoelfri Peña Martínez.
La primera revisión obligatoria de la medida de coerción se pautó para el 12 de julio del 2022 y se hará este proceso cada tres meses.
La Operación Discovery se hizo pública cuando las autoridades realizaron varios allanamientos de manera simultánea en Santiago, La Vega, Puerto Plata y el Distrito Nacional el 2 de marzo del 2022 y notificaron el apresamiento de 38 personas. Dos días después se produjo otra detención.
El 4 de marzo, el Ministerio Público presentó la medida de coerción contra las 39 personas involucradas y el 8 de marzo la jueza Yiberty Polanco subió al tribunal para conocer el caso, que debió ser movido de sala por la cantidad de procesados.
Tras un aplazamiento, el proceso de la medida de coerción empezó el 14 de marzo y se extendió hasta el 1 de abril, cuando la jueza decidió que los resultados se conocerían este lunes 11 de abril del 2022
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