Quedó aplazada sin fecha la audiencia que debe iniciar la etapa preliminar del proceso contra 31 personas físicas y 39 jurídicas imputadas de numerosos delitos anclados a una estructura del crimen organizado de narcotráfico develada por la Operación Falcón de narcolavado, debido a que la defensa técnica de una procesada recusó al juez que conoce el caso.
Durante las distintas diligencias de investigación e intervenciones que la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público desplegaron en este caso por varias provincias contaron con la colaboración de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
La recusación contra el juez Cirilo Salomón Sánchez, del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, surgió de la defensa técnica de la imputada María Olimpia Tavárez, bajo el alegato de que el juzgador no sería objetivo en sus decisiones.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Sourelly Jáquez, Pedro Martínez y Yeny Liranzo, reiteró que está preparado para sustentar con pruebas la acusación que ha presentado contra los imputados físicos y societarios de la estructura que enfrenta cargos por div ersos delitos.
Estre estos, lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego y otros delitos perpetrados en las actividades que permitió a la red movilizar miles de millones de pesos.
El citado tribunal ratificó las medidas preventivas que pesan sobre los imputados Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, José Alejandro de la Cruz Morales y Lenín Bladimir Torres Bueno.
Queda queda pendiente de conocer las medidas a los imputados Claritza Andreina Mosquea Eduardo, Fanny Mercedes Ortiz Víctor, María Yudelka de Jesús Durán, así como de Yana Iris Maldonado, cuya defensa también recusó al juez.
En más de 4,000 páginas, el expediente ilustra sobre el modus operandi de la mafia con más de tres mil pruebas que incluyen materiales, documentales, periciales y testimoniales.
El tribunal conocerá sobre la solicitud del Ministerio Público del decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización delictiva, entre ellos villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles.
El órgano de la persecución penal solicita, además, el decomiso de más de $400 millones de pesos y cinco millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.
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