Por Máximo Laureano
Los procesos judiciales motivados por el Ministerio Público en Santiago, se llevan con insuficiencia de personal, logística limitada y marcados por el exceso de aplazamientos en los tribunales, según el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo.
En resumen, la Fiscalía local trabaja con lo que se tiene, no con lo que necesita, razón por la cual muchos procesos se retrasan, situación que origina cúmulos de expedientes.
Entre otros detalles, el fiscal Bonilla Hiraldo achaca a los aplazamientos en los tribunales el cúmulo de casos. De ahí que el funcionario del área judicial considera que debe haber una coordinación entre abogados que llevan los procesos con los tribunales, a fin de que estos procesos se agilicen.
“Tenemos muchos casos en carpeta, casos en los cuales ha sido necesario solicitar prórroga, porque el plazo de los tres meses, de los ocho meses, se nos va volando y no nos da el tiempo para completar la investigación y hay que pedir al juez tiempo extra”, explica el fiscal titular de Santiago.
El funcionario señala que el Ministerio no tiene el personal suficiente para atender a los procesos con la celeridad que se demanda, a lo que se suman las limitaciones de equipos técnicos para el seguimiento de las averiguaciones.
“Todos los actores del sistema tenemos que trabajar en reducir los aplazamientos”, indica Bonilla Hiraldo, quien asegura que la mayoría de los casos son enviados al proceso preliminar, entre tres y seis meses después, y lo mismo suele ocurrir para pasar de las audiencias preliminares, a juicio.
El funcionario indica que uno de estos ejemplos es el caso Operación Falcón, el cual va por el séptimo aplazamiento, previo a la apertura a juicio. El fiscal asegura que la mayoría de los aplazamientos se dan por cambio de abogados, que deben conocer los expedientes.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, también hizo referencia al tema de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, donde las quejas por hacinamiento son constantes, aunque sobre este particular, afirma que ha habido mejoría del espacio.
“A partir del caso Falcón, que fue el primer caso que tuvimos en la Fiscalía de multiplicidad de de imputados, nos vimos en la necesidad de solicitar la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que los CCR asumieran el control de la carcelita que estaba bajo el control de los policías judiciales”, detalla.
En la actualidad, la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, es manejada por el Centro de Atención a Privados de Libertad Provisional (Caplip).
“Hemos tenido una ligera mejoría, (pero) no es lo que queremos. Aspiramos estar en mejores condiciones, pero al menos hemos logrado que los detenidos no estén en el piso, sino que tuvieran una cama, que tengan su comida de manera fija”, señala el fiscal, entrevistado en el programa Polítika por un tubo, de Teleuniverso, canal 29.
En relación al tema de la prisión preventiva, contemplada en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal (CPP), el funcionario rechaza que haya una exageración de solicitud de la privación de libertad.
“Creo que la crítica, a la prisión preventiva, debemos hacerla en función del caso leve, porque en los casos graves la medida idónea, para garantizar el proceso, es la prisión preventiva”, asegura.
Agrega que esos casos leves en lo que se decide la prisión preventiva son los menos, aunque destaca que cuando se trata de caso graves, a nivel social se le pone más atención y generan impacto.
“Sí, todos los trabajos van en la línea de descongestionar los tribunales con medidas alternas, que haya acuerdos, pero quienes nos adversan en los tribunales solo quieren llegar a acuerdos con los casos de impacto”, dice Bonilla Hiraldo.
Otra de las razones que pesa para que se acumulen los casos es que, en República Dominicana, no hay cultura de acuerdos, y cuando se hace, se suele afirmar que el Ministerio Público se vende.
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