Por Servicios de Acento.com.do
Peña asumió con ello la misma crítica utilizada por los gobiernos de países acusados por Amnistía Internacional u otras instancias internacionales defensoras de los derechos humanos que habitualmente responden a los señalamientos de este tipo alegando violación a su soberanía.
Amnistía Internacional denunció a República Dominicana por violaciones de derechos humanos en operativos contra los inmigrantes indocumentados, la mayoría proveniente de Haití.
La organización verificó vídeos que muestran malos tratos a migrantes haitianos, incluyendo a mujeres y niños, y destaca casos de violencia, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en centros de retención.
AI subrayó “la necesidad urgente” de que las instituciones dominicanas “erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
“No hay política migratoria racista”
“Aquí no hay política migratoria racista. Esos organismos internacionales, que pueden decir lo que ellos quieran decir, que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan”, expresó Peña a los periodistas que asistieron a la conmemoración del 50 aniversario del Panteón de la Patria.
La nación dominicana garantiza, remarcó la vicepresidenta, la legalidad de cada extranjero que se encuentre en el país.
“Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos”, enfatizó.
Cifras críticas de ACNUR y de la OIM
Desde 2022 República Dominicana se ha convertido en el país que deporta más haitianos en movilidad, a pesar del llamado en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití ante la situación en ese país, de acuerdo con la entidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de año, a pesar de la grave crisis en Haití, el Gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores.
Amnistía Internacional “ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas”.
El inicio del nuevo Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, “debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses”, apuntó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
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