Por Máximo Laureano
La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, dijo que los trámites burocráticos de funcionarios de la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han impedido hasta el momento el desalojo de un asentamiento irregular en el borde de una cañada, en el sector La Villa Olímpica.
La invasión de los terrenos ha sido denunciada de manera reiterada por la junta de vecinos de la Manzana F, sin conseguir respuesta de las autoridades, mientras el barrio avanza paralelo a la avenida Menelio Almonte (la doble vía), en donde un aviso advierte sobre el nuevo asentamiento, identificado como Los Cacaos.
Ya suman 19 las casas construidas. Se han ubicado negocios, como un lavadero de carros, que opera en la acera de la avenida, además de locales de la oficina de la ruta del transporte urbano (concho) HB, entre otras edificaciones.
Ante la expansión del barrio, los vecinos se quejan y reclaman a la Procuraduría de Medio Ambiente que actúe y proceda a un desalojo cuanto antes, para salvaguardar la zona verde.
Notificaciones
Sobre el problema abundan las notificaciones institucionales, entre estas, una carta dirigida al entonces fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, en la cual se le notifica que hay 17 casas o viviendas construidas de manera ilegal en el perímetro de los 30 metros de anexos a la cañada, según establece la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La comunicación del 5 de febrero de 2025 está firmada por Jhonatan Erick Silverio Durán, coordinador de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía.
En el documento, el funcionario también advirtió que en el barrio improvisado había puntos de venta de drogas, “prostitución en extremo”, así como venta y consumo de bebidas alcohólicas sin control de horarios.
En otra comunicación del 4 de febrero, el encargado de Gestión Ambiental Municipal, Sergio Núñez Parra, notificó del problema a la procuradora fiscal de Medio Ambiente, Miguelina Rodríguez.
Núñez Parra explicó a la fiscal de Medio Ambiente que, con el levantamiento del barrio, además de la violación a la Ley 64-00, también se viola la Ley 176, que rige la municipalidad, y la Ley 202-04, que garantiza la preservación de los ecosistemas.
Un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmado por los técnicos Francisco Jiménez y Julio César Marte, establece la violación a la ley y recomienda que se remita el caso a la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente para que se proceda con una orden de desalojo. No obstante, el barrio sigue en expansión al lado de la cañada, que, según los vecinos de la Manzana F, de La Villa Olímpica, es receptora de las aguas residuales del barrio ilegal.
El 5 de febrero de 2025, representantes del Ministerio de Vivienda y Edificaciones también notificaron a la fiscal de Medio Ambiente, Miguelina Rodríguez, sobre el problema y la violación del área verde y los límites de la cañada.
El informe, firmado por Pedro Nolasco García, abogado del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, refiere que en agosto de 2023 procedieron a derribar unas 13 construcciones, a pesar de la objeción y enfrentamientos con los constructores. No obstante, las construcciones fueron retomadas.
La junta de vecinos de la Manzana F también notificó a la Fiscalía de Medio Ambiente y se ha reunido con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero se quejan de que no se actúa para resolver el problema.
“Hay que desalojar”
“Aquí se hizo una reunión porque yo recibí las quejas, primeramente, porque es una cañada y se prohíbe la construcción en cañadas, y es un área verde que no debe ser ocupada”, dijo la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y advirtió que hay que desalojar el barrio lo antes posible.
La funcionaria se queja de que no se actúa, a pesar de que se han hecho los informes de todas las instituciones, y el problema sigue.
“¿Qué es lo que ha pasado? La burocracia, la bendita burocracia”, proclamó la gobernadora, quien agregó que la fiscal de Medio Ambiente en Santiago le ha respondido que el caso se tramitó a Santo Domingo, y que la sede central debe enviar la orden para actuar.
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