La Novena Sala Penal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio Silien, tras hallarla culpable de ejercer de manera ilegal.
La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La decisión fue adoptada por la jueza Milagros Ramírez, quien además ordenó el pago de dos millones de pesos como indemnización.
El tribunal determinó que Silverio Silien incurrió en prácticas irregulares que violan las disposiciones legales vigentes, lo que motivó la sanción privativa de libertad.
Acusación
De acuerdo con el Ministerio Público, Elisabeth Silverio Silien se habría hecho pasar por profesional de la salud, presentándose como doctora en neurociencia, psicóloga y psicoterapeuta, sin contar con la formación académica requerida.
Según el expediente acusatorio, estas prácticas habrían sido ejercidas entre enero de 2021 y junio de 2023, período durante el cual ofrecía servicios especializados sin la debida acreditación.
El órgano persecutor sostiene que la imputada incurrió en la presunta violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de disposiciones contenidas en la Ley General de Educación y la normativa sobre la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La acusación también establece que Silverio Silien habría engañado a padres de menores, haciéndoles creer que era una profesional certificada, mediante el uso de documentos presuntamente falsificados. A través de estos, ofrecía atenciones psicoterapéuticas, realizaba evaluaciones, consultas e informes con recomendaciones terapéuticas.
Asimismo, el Ministerio Público indica que la imputada utilizaba un número de exequátur inexistente para rubricar y sellar documentos, lo que refuerza la acusación de estafa y ejercicio ilegal.
Primer juicio
Se trata de un segundo juicio. En octubre de 2024, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había condenado a Silverio a siete años de prisión, tras comprobarse la falsificación de títulos académicos que le permitieron impartir clases a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
En esa ocasión, el tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, también ordenó el pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de cada víctima.
Posteriormente, la imputada presentó un recurso de apelación a través de su abogado Waldo Paulino, tras lo cual la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
El caso cobró notoriedad pública
El caso cobró notoriedad pública luego de una denuncia realizada por la periodista Nuria Piera, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a interponer una querella formal el 24 de mayo de 2023.
En el proceso judicial figuran 14 querellantes, además del Estado dominicano, representado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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