Por Máximo Laureano
La juez del departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral De la Cruz, aplazó para el próximo jueves 14 de mayo la medida de coerción en contra de 10 hombres investigados por porte ilegal de armas, proxenetismo, trata de personas y violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.
Se trata de un grupo que, según el Ministerio Público, formaba parte de una red criminal calificada como asociación de malhechores, y que fue apresado el pasado 5 de mayo de 2026 en una villa del municipio San José de las Matas.
Según los abogados de la defensa, el aplazamiento del proceso se decidió para dar tiempo a que todos los investigados estén representados y se presenten los presupuestos al tribunal.
Los investigados son: Carlos Manuel Sosa, Yapur Ramia Díaz (a) Shampoo, Leury Damián Mata Castillo, Carlos José Troche Rodríguez (a) Nino Dólar y Omar Elías Estrella Taveras.
Otros imputados, son George Orlando Gutiérrez Mercedes; Jesús Emilio Ruíz Ramírez; José Enrique Pichardo Núñez; Junior David Matos Monegro y Estarlin Javier Bonilla.
Según el reporte del Ministerio Público, al momento del operativo los detenidos tenían un fusil modelo AM-15 con municiones, dos pistolas calibres 40 y 9 milímetros, con varios cargadores, un pasamontaña, 20 celulares, cuatro vehículos y un maletín con distintas prendas.
También se incautaron varias porciones de un vegetal que se presume que es marihuana, así como sustancias en polvo, que serán analizadas por las autoridades.
Imputados por trata de personas
Junto a los 10 hombres investigados tras el allanamiento realizado en la villa, las autoridades encontraron a seis mujeres de nacionalidad colombiana. Según el Ministerio Público, estas mujeres serían víctimas de trata de personas y proxenetismo, de acuerdo con lo establecido en la solicitud de medida de coerción depositada ante el tribunal.
Las mujeres colombianas consideradas víctimas en el caso fueron identificadas por autoridades de la Fiscalía, como Julibeth Del Carmen Barros Orozco, Valeria Sofía Caro Rojas, Tania Mota, Yazmin Correa Bustamante, Anyeline Rojas Barros, y Laura Valentina Zapata, todas mayores de edad.
La defensa.
Tras el aplazamiento de la medida, los abogados de algunos de los investigados expresaron que las autoridades procuran montar un caso sin evidencias, porque no se trata de una banda criminal, como se ha señalado, sino de personas que solo se divertían en una villa.
Los abogados consultados al respecto afirmaron que no hay sustento para mantener la calificación de asociación de malhechores que ha indicado el Ministerio Público.
Los imputados también fueron defendidos por las presuntas víctimas, quienes aseguran que non afectadas por trata de personas y proxenetismo.
“Queremos dejar claro, que no somos víctimas de trata de personas, estábamos ahí, por diversión, somos jóvenes, nos divertimos, vivimos el día a día, estamos aquí por nuestra voluntad”, dijo Yazmín Correa Bustamante, al asegurar que están en República Dominicana como turistas.
Correa Bustamante también argumentó que tienen todas sus documentaciones el orden y que eso lo pueden demostrar a las autoridades.
Impactos: 7