Por Máximo Laureano
Vendían medicamentos donados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer (PCCC), incluidos fármacos de alto costo; suministraban medias dosis a pacientes que recibían quimioterapia, pero facturaban el frasco completo al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Estas son algunas de las maniobras que, según el Ministerio Público, integraban el esquema de fraude investigado mediante la Operación ONCO XIV.
De acuerdo con el expediente, las muestras médicas también eran vendidas o almacenadas hasta su fecha de vencimiento para obligar a los pacientes con cáncer a adquirir los medicamentos en una farmacia presuntamente controlada por Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente del PCCC.
Según el Ministerio Público, Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez habrían incurrido en asociación de malhechores, delitos de alta tecnología, estafa en perjuicio del Estado, abuso de confianza en perjuicio del PCCC y violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
«Los tres, junto a otros relacionados con la institución, actuaron de manera concertada con el propósito de sustraer fondos del PCCC destinados a la atención médica de pacientes oncológicos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante maniobras fraudulentas», establece la solicitud de medida de coerción presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
El Ministerio Público sostiene que los principales directivos del PCCC, entre 2018 y 2025, colocaron intereses personales y económicos por encima de la atención a los pacientes con cáncer. Según la acusación, tanto el Patronato como el Instituto Oncológico Regional del Cibao fueron manejados como una estructura familiar, incorporando a varios parientes a puestos administrativos desde los cuales habrían participado en las presuntas irregularidades.
La investigación también señala que los recursos transferidos por Senasa se convirtieron en el principal objetivo del esquema, con el propósito de apropiarse de fondos destinados por el Estado a personas de escasos recursos afectadas por cáncer.
En ese sentido, el Ministerio Público afirma que los imputados manejaron de forma discrecional más de RD$ 3,754 millones provenientes de Senasa, presuntamente en violación de las normas y controles institucionales establecidos para el manejo de esos recursos.
| Año | Montos pagados por Senasa |
| 2018 | RD$ 313,909,578.10 |
| 2019 | RD$ 320,367,546.31 |
| 2020 | RD$ 261,619,024.91 |
| 2021 | RD$ 409,285,442.36 |
| 2022 | RD$ 536,636,574.74 |
| 2023 | RD$ 589,832,786.51 |
| 2024 | RD$ 688,954,625.86 |
| 2025 | RD$ 633,458,588.97 |
| Total | RD$ 3,754,064,167.76 |
Empresa de la exesposa manejaba facturación
Como sustento del expediente, el Ministerio Público relata que los imputados trasladaron el control de la facturación de las ARS de los pacientes asegurados a la firma Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado Lora Cruceta, con el objetivo de desviar fondos del PCCC. Además, habrían creado el Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas para alterar las facturas.
Los imputados también habrían utilizado sellos de especialistas, como ginecólogos, neurólogos, internistas y otros médicos, así como talonarios que eran completados con indicaciones sin que estos profesionales hubieran evaluado a los pacientes. Según el Ministerio Público, esta práctica tenía como finalidad obtener recursos económicos.
El expediente señala que se prohibió, bajo amenazas de despido, que los empleados entregaran los medicamentos donados a los pacientes, bajo el argumento de que todos los usuarios debían adquirirlos en la farmacia administrada por Lora Cruceta. Asimismo, indica que eran vendidos medicamentos donados, incluidos los de alto costo.
A esto se suma que, según la acusación, se cobraban en dos ocasiones los medicamentos facturados a través de Senasa.
Habitaciones manejadas como un hotel
El presidente del PCCC, Héctor Antonio Lora Cruceta, habría modificado el sistema de uso de las habitaciones del centro, las cuales, según el expediente, fueron privatizadas con tarifas de entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche, situación que habría impedido que algunos pacientes permanecieran ingresados.
Los pacientes que no podían pagar una de estas habitaciones privadas eran colocados en una lista de espera para acceder a espacios compartidos, que pocas veces quedaban disponibles. Según el Ministerio Público, esta situación provocó que algunos pacientes fueran atendidos en los pasillos bajo el argumento de que eran usuarios ambulatorios.
El caso fue denunciado en medios de comunicación, pero, de acuerdo con el expediente, Lora Cruceta y otros directivos alegaron que se trataba de una campaña en su contra.
El Ministerio Público también señala que Lora Cruceta habilitó una habitación especial para cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Venta de medicamentos controlados
Otra de las irregularidades señaladas por el Ministerio Público es la presunta venta de medicamentos con sustancias controladas en violación a la Ley 50-88. Según la documentación presentada por la Fiscalía, esos medicamentos eran vendidos incluso a personas con dependencia a estas sustancias.
La investigación establece que la venta de medicamentos controlados fue comprobada mediante operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en más de una ocasión.
El expediente también señala que los imputados crearon la entidad Tocate RD-Casa de Acogida con el propósito de desviar fondos para beneficiar presuntamente a Héctor Antonio Lora Cruceta y a su esposa, Yasiris Guzmán.
Lora Cruceta también habría aprovechado la exoneración impositiva que tenía el IORC para importar productos que posteriormente eran vendidos en el mercado, con el objetivo de quedarse con los beneficios. Asimismo, según el Ministerio Público, fueron creadas comisiones a suplidores del PCCC, una especie de soborno que debían pagar quienes abastecían de materiales a la institución.
A los directivos se les atribuye haber borrado registros del sistema operativo de la institución y provocado sabotajes al sistema con el propósito de desarticular los controles internos.
Otras acciones fraudulentas
Además, el Ministerio Público señala que los imputados se autoasignaron gastos de representación con recursos destinados a pacientes con cáncer. Entre estos, destaca el caso del director Lora Cruceta, quien habría iniciado con una asignación de RD$ 100,000 mensuales y posteriormente la habría elevado hasta RD$ 600,000 cada mes.
En ese sentido, el Ministerio Público establece que se realizaron reembolsos por concepto de viajes, hoteles, restaurantes y diversas actividades sin facturas ni aprobación del consejo directivo.
“Facturaban medicamentos biológicos originales de marcas patentadas, pero en su lugar despachaban a los pacientes medicamentos genéricos de menor costo”, se lee en la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados de la Operación ONCO XIV.
Apartamentos, vehículos, cuentas abultadas y terrenos en Samaná
El Ministerio Público establece que los involucrados, durante el período en que administraron los recursos del PCCC, adquirieron propiedades como apartamentos, terrenos en Santa Bárbara de Samaná, vehículos y aumentaron sus cuentas bancarias, sin que, según la acusación, pudieran justificar esos ingresos con otras actividades económicas.
En la solicitud de medida de coerción se señala que, en el caso de la empresa Ingeniería Lora, propiedad de Lora Cruceta y su exesposa Vargas Sánchez, no se generaron recursos suficientes para justificar las inversiones y movimientos registrados en sus respectivas cuentas bancarias.
En cuanto a la actual esposa de Lora Cruceta, la imputada Yasiris Guzmán, el Ministerio Público indica que su único empleo fuera del PCCC fue durante dos años, entre 2014 y 2016, período en el que recibió ingresos por RD$ 87,000.
La medida de coerción
Durante la audiencia del viernes 19 de junio de 2026, la jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Stefani Reyes Santiago, aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la medida de coerción contra los tres investigados por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en el PCCC.
La audiencia del caso ONCO XIV fue pospuesta debido a que los abogados que representan al imputado Héctor Antonio Lora Cruceta no se presentaron al tribunal.
La nueva audiencia fue fijada para este martes 23 de junio de 2026, a las 4:30 de la tarde.
Sobre el proceso, la representante del PEPCA, Mirna Ortiz, informó que se prevén nuevos allanamientos y que podrían producirse más arrestos e investigaciones dentro del caso ONCO XIV.
MC DE HECTOR ANT. LORA CRUCETA Y COMP.
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