SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “¡Y si hay que matarlo, lo matamo’ y ya!”, dijo un agente de la Policía Nacional como reacción final a la negativa de un ciudadano que defendía sus derechos.
El pensamiento feroz e irracional quedó desparramado en los últimos segundos de una fílmica de casi cuatro minutos y medio, hecha por el ciudadano ya detenido en la vía, y cuya identidad se desconoce.
El vídeo – que se suma a una larga lista de grabaciones en las que se evidencia un exceso por parte de la Policía – recoge el momento en el que un joven es cuestionado por los agentes del orden, debido a que éste se negó a que su vehículo fuera revisado por los policías, debido que no poseían una orden judicial y porque les hizo entrega de copias de sus documentos de identidad, licencia de conducir y seguro.
Ante la negativa del conductor, los agentes le señalan que debían dirigirse al destacamento más cercano – el de la avenida Cayetano Germosén, le explica uno de los policías, lo cual acepta el conductor –. Es en ese instante que se aproxima otro agente – aparentemente vestido de civil – que no tarda en verter amenazas.
“Me voy a poner bruto”, advierte el agente, a manera de ultimátum, seguido de las peticiones de sus compañeros para que mantuviera la calma. “Quiero su licencia y su cédula. Yo soy el oficial aquí”, suelta aún agresivo, a la vez que le ordena al conductor salir del vehículo, encontrando otra negativa.
“Si se va, explótale la goma”, sentencia. “Salga de ahí, le estoy hablando”, espeta el oficial que ahora responde al nombre de Basilio, quien se muestra insistente a pesar de las reiteradas peticiones de sus compañeros para que mantenga la calma.
Unos segundos después, uno de los miembros de la Policía le explica al joven cómo llegar al destacamento, sin ceder a la presión del superior, que protesta porque su orden de que le “vaciara la goma” no fue acatada, encontrando nuevamente por parte de sus compañeros, la recomendación de que se conserve la serenidad.
“¡Y si hay que matarlo, lo matamo y ya!”, dice sin pudor, calificando casi de inmediato de “ladronazo” al intervenido.
Reproductor de vídeo
De fallos y aciertos
El politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, Daniel Pou explica que tanto el conductor como los miembros de la Policía Nacional, cometieron errores al momento de la detención, fruto del desconocimiento de ambas partes.
De entrada, Pou indica que el único documento que puede ser entregado o mostrado como fotocopia, es la matrícula del vehículo, por lo que los originales de la cédula, licencia y seguro, deben ser presentados de ser requeridos, según lo establecen las leyes dominicanas.
“El intervenido no tenía razón cuando se niega sus documentos originales”, subraya.
Tampoco tuvo la razón el ciudadano al negarse a salir del vehículo. El ciudadano podía ser cacheado y revisado por la policía, al momento de identificarse, preferiblemente con su cédula y licencia de conducir en la mano.
Sin embargo, el joven sí tuvo razón al no permitir la requisa de su vehículo, debido a que sólo se puede llevar a cabo este proceso con la presencia de un miembro del Ministerio Público, siendo la única excepción que el vehículo y su conductor participen en una situación ilícita y sea atrapado en delito flagrante.
“La Policía se considera con autoridad para hacer requisa de vehículos sin presencia del Ministerio Público, y esto no es cierto”, enfatiza.
Según Pou, los ciudadanos tampoco se encuentran en la obligación de permitir el ingreso de los agentes en sus vehículos. En ese caso, lo que corresponde es que de entender que hay elementos suficientes de una situación anormal, los agentes decidan apresarlo.
Daniel Pou: Los retenes policiales no son contrarios a la ley, siempre y cuando los agentes se identifiquen debidamente y le expliquen a la persona la razón por la que lo están interviniendo.
“Ahí tienen que notificarle a la persona que va a ir detenida”, sostiene el experto. “No necesariamente tiene que ir en su propio vehículo. Ellos lo pueden llevar en su vehículo – de la Policía – y asumir la responsabilidad del vehículo hasta que llegue el Ministerio Público, para luego proceder a la incautación, que solo se hace bajo el levantamiento de un acta”.
Este documento debe ser elaborado por el Ministerio Público en el lugar de la intervención.
La comunicación por parte de los oficiales también falló, ya que estos no expresan de manera clara cuál es el motivo de la intervención, ya sea de tránsito o sospecha de un delito.
Deber de los agentes
El experto en seguridad, Daniel Pou, advierte que los policías no tienen permitido hacer comentarios denigrantes o amenazantes en sus operaciones, aun cuando se trate de una persona con historial criminal, altamente sospechosa o incluso capturada en flagrante delito.
Sobre este aspecto, destaca que aunque los agentes tienen el deber de preservar la integridad de la persona intervenida, la mayoría de los policías no operan con protocolo, ya que hacen las intervenciones como si se tratara de un acto persona a persona, no de institución a ciudadanos.
“Los niveles de intercambio de diálogo fueron mal manejados, porque fueron manejados prácticamente como un enfrentamiento personal, y nunca debió llegar hasta ahí”, plantea. “El policía tiene que mantenerse en el elemento institucional, no personal”.
Daniel Pou: El policía no se considera un servidor, se considera una persona con el poder para someter a los ciudadanos a una posición de antojo que se desprende de su voluntad personal.
También piensan que tienen “cancha abierta para hacer lo que consideran”, sin saber que deben conservar y observar ciertas distancias con la persona, entre ellas abstenerse de hacer comentarios que puedan herir susceptibilidades personales, como los que se escuchan en el vídeo.
Con esas acciones, los agentes pierden de manera automática el rol que le corresponde, convirtiéndose así en una amenaza.
“El policía no tiene porqué hacer comentarios ni emitir juicios. Sencillamente debe guiarse por su protocolo y avisarle a la persona en cada momento que será detenido, conducido, pero no pasar de ahí”, asevera.
Asegura que de no cumplir con esto, los agentes podrían ser pasibles de ser sometidos por amenazas o intento de agresión a la persona.
En lo que respecta al vídeo, Pou sostiene que grabar la requisa es una acción libre y legal, en la que tanto los ciudadanos como los miembros de la Policía Nacional, tienen el derecho de crear un registro visual del proceso, especialmente cuando se trata de acciones que no son reñidas con las leyes. En ese caso la fílmica sería una evidencia de la calidad de su papel y comportamiento.
Los agentes tampoco pueden resistirse a ser grabados, ya que quienes se realizan intervenciones en las calles, tanto selectivas como al azar, no desarrolla labores que requieran discrecionalidad de su identidad.
Otro inconveniente que tiene la ciudadanía frente a los agentes es la falta de homogeneidad en los uniformes que utilizan los agentes que participan en las intervenciones.
Adicionalmente, deben estar provistos de elementos visibles, como placas, que permitan su pronta identificación por parte de los ciudadanos.
Grabados en el acto
El avance de la tecnología ha permitido, en más de una ocasión, poner en evidencia acciones por parte de agentes de la Policía Nacional que son cuestionables.
Sólo basta con una búsqueda rápida en cualquier navegador de Internet para toparse con numerosos casos en los que el accionar de quienes tienen por misión ser garantes de la seguridad ciudadana, es excesivo, a veces con resultados fatales.
Daniel Pou: “Lamentablemente, nuestra Policía no tiene, salvo honrosas excepciones, el entrenamiento suficiente para mantener una posición de distancia con el intervenido”.
Tal es el caso del rasoManuel Merán Maldonado, quien murió frente a su esposa embarazada en Arroyo Hondo, luego de recibir un disparo en la cabeza durante un incidente con una patrulla de la Policía Nacional, cuando – según consta en la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en julio de este año – se rehusó a ser víctima de un “macuteo” (expresión de la corrupción policial en la que se pide dinero a un ciudadano mediante la intimidación, extorsión o en abuso de su posición) por parte de sus compañeros.
El deceso de Merán Maldonado fue grabado por las cámaras de seguridad de un residencial cercano.
Por el caso, los rasos Francis Acosta Martínez y Arturo Lorenzo Báez, el cabo Nicairo Marte Solano y el sargento mayor Isidro de Jesús Mejía, fueron cancelados y puestos a disposición de la justicia.
Otro caso, aunque sin consecuencias trágicas, fue el de un conductor de una motocicleta tipo “pasola”, detenido por agentes de la Policía Nacional, cuando viajaba hacia su trabajo en la Maternidad de la Mujer.
Tras revisar los documentos, que se encuentran en orden, según el conductor, uno de los oficiales le informa – sin dar explicaciones – que su vehículo sería llevado al destacamento, justo antes de darse cuenta de que posee una cámara de grabación.
Reproductor de vídeo
La actitud de los agentes, que hasta el momento había sido imponente, cambia cuando el joven les asegura que lo que está ocurriendo está siendo registrado en Facebook.
Sin embargo, la duda y el temor por parte de la población sobre cómo actuar ante una detención o intervención son constantes, debido principalmente al desconocimiento de sus derechos y deberes, así como el de los agentes, y el uso por parte de los miembros de la Policía Nacional de un autoritarismo que merma la confianza de las personas en los agentes, y que deja a la ciudadanía en un estado de indefensión.
Impactos: 137