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Santo Domingo, 6 mar (EFE).- El procurador adjunto e inspector de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez Veloz, negó hoy que ese organismo solicitara la intervención del teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito, como denunciara un programa de televisión local.
Sánchez afirmó, en rueda de prensa, que fue él y no el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esa magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de Germán.
En torno a las solicitudes de interceptaciones telefónicas hechas en la referida investigación por narcotráfico, Sánchez informó que en el curso de una investigación realizada al presunto narcotraficante Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, solicitó la autorización de un juez para interceptar varios números telefónicos que estaban vinculados a esa persona, quien se suicidó el 15 de noviembre pasado.
“Nos estamos refiriendo a un individuo con presuntos vínculos al narcotráfico, de doble identidad oficial que había fingido su muerte en el año 2014 y que había sacado un nuevo documento de identidad oficial, resultando ser la persona que había construido la villa que tiene en la provincia San José de Ocoa la magistrada Miriam Germán Brito y que esto generara una vinculación con ese número de teléfono”, dijo Sánchez en un comunicado de la Procuraduría.
El procurador adjunto refirió que en sus funciones como fiscal realiza diversas investigaciones, en el transcurso de las cuales solicita cientos de autorizaciones de intervención telefónicas y que en esta coincidió que ese presunto narcotraficante, con doble identidad falsa, había construido la villa de la magistrada Germán.
Dijo que esta es una de varias investigaciones que lleva a cabo con perfil similar al caso del prófugo Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) y que para avanzar en los procesos de investigación siempre será necesario hacer diferentes requerimientos a los tribunales, señalando entre ellas las solicitudes de interceptaciones telefónicas y allanamientos, así como la detención de personas.
Germán Brito y Rodríguez han estado en el centro del debate nacional desde el lunes pasado cuando el funcionario, en el marco de las entrevistas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, leyó dos cartas anónimas, según informó, una de las cuales cuestiona la amistad de la magistrada con el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht.
Una segunda misiva denuncia que la juez posee una villa en San José de Ocoa, además de un apartamento en Gascue, que supuestamente puso a nombre de un hijo de ella, quien nunca ha trabajado ya que posee una condición especial de salud.
Asimismo, en una tercera carta el procurador refiere que el juez José Gregorio Bautista Vargas le aseguró que Germán Brito le pidió en dos ocasiones que “si se podía hacer algo” en cuanto al caso del condenado por narcotráfico y lavado de activos Winston Rizik Rodríguez, conocido como “El Gallero”.
La jueza de la Suprema se molestó con los alegatos del procurador y defendió su idoneidad como magistrada.
Este miércoles el juez Bautista Vargas dijo a través de las redes sociales que depositó ante el Consejo del Poder Judicial un documento mediante el cual formaliza su denuncia de que la jueza Germán Brito lo contactó en varias oportunidades con relación a Winston Rizik y a su hermano Nelson Risik Delgado.
Bautista afirmó que los contactos de la magistrada Germán Brito hacia él se produjeron luego de que formaba parte del Tribunal Colegiado de Monte Plata que conoció de las acusaciones contra los hermanos Rizik.
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