SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Entre las medidas económicas que aplicaría el candidato presidencia de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, de ganar la presidencia de la República, está la aplicación inmediata de una amnistía fiscal que permita a las empresas y a las personas trabajar sin contingencias fiscales.
Fernández ofreció estas declaraciones en el marco de su exposición ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
El también ex presidente dijo que desde la Presidencia promoverá un Pacto por la Salud que permita, en el menor plazo posible, realizar, entre otras cosas, las inversiones en la construcción de nuevos hospitales
Leonel planteó además convertir el parque Cibernético de Santo Domingo en el corredor tecnológico de las Américas para lograr la instalación de empresas alta tecnología, que significa un modelo de desarrollo.
“Nos enfocaremos en aplicar, real y efectivamente, pruebas masivas de diagnóstico de Coronavirus, a los fines de contener su expansión; en observar, monitorear y dar seguimiento a los pacientes recluidos en sus hogares, a través de una aplicación digital; en equipar, de manera apropiada, nuestros centros de salud; y en proveer de medios de bioseguridad e incentivos a todo el personal sanitario. Promoveremos un Pacto por la Salud que permita, en el menor plazo posible, realizar, entre otras cosas, las inversiones en la construcción de nuevos hospitales; en las adecuaciones que sean necesarias; y en estructurar adecuadamente las Unidades de Atención Primaria y Centros de Atención Primaria, como verdaderos elementos de apoyo a la prevención y como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud”.
Dijo que va a implementar un plan para disminuir la mortalidad neonatal, materno-infantil, así como la detección temprana de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial.
“En el corto plazo y como resultado del Covid-19, desde el punto de vista económico, se proyecta que los ingresos del Estado caerán aproximadamente en un 4 por ciento respecto a los del 2019, y en un 15 por ciento, en relación al presupuesto del 2020”.
Citó que los gastos del gobierno anunciados hasta ahora, en los Programas Quédate en Casa, FASE y Pa’Ti, podrían alcanzar 60 mil millones de pesos.
“Por tanto, podemos estimar un déficit de más del doble del presupuestado (casi 6 por ciento del PIB) y una necesidad de financiamiento de cerca del 9 por ciento del PIB, es decir, unos 165 mil millones de pesos por encima del déficit de 246 mil millones, previstos en el presupuesto. Para cubrir ese déficit resulta urgente gestionar fondos de los organismos internacionales con menores condicionalidades, para amortiguar el efecto de los empréstitos en el servicio de la deuda, ya de por sí demasiado elevada. Para estimular la reactivación y el crecimiento de nuestra economía, aplicaremos una política expansiva del gasto público, orientada fundamentalmente a la construcción y reparación de viviendas de bajo costo, de acueductos, plantas de tratamientos de aguas residuales, drenaje pluvial, así como canales de riego y pozos tubulares.
A su vez, agregó: «Vamos a relanzar los incentivos fiscales a la inversión y reinversión de utilidades que creen empleo en el corto plazo, no solo en el marco del pacto fiscal, sino también extendiendo los beneficios de disposiciones legales, como la de ProIndustria”.
Dijo que se propone crear un fondo de garantía que permita a la industria y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), obtener financiamiento con las mejores condiciones; y propondremos a las autoridades monetarias y financieras una modificación del Reglamento de Evaluación de Activos para facilitar el crédito a los sectores productivos.
“Promoveremos una amnistía fiscal amplia, que permita a las empresas y a las personas trabajar sin contingencias fiscales. Dictaremos un conjunto de decretos y reglamentos para simplificar trámites tributarios; y someteremos una ley de bancarización que permita en el futuro cercano estimular al sector informal de nuestra economía, pasar a una etapa de formalización. Impulsaremos la aplicación de la ley de garantías mobiliarias; apoyaremos a las empresas que por razones relacionadas con la crisis, se acojan a la Ley de Reestructuración Mercantil, negociando sus obligaciones con el fisco en condiciones favorables para ellas”.
Explicó que esta crisis del COVID-19, que es de múltiples dimensiones, está generando un criterio entre las naciones, a nivel mundial, de mirar hacia adentro.
“Esto significa que están utilizando mecanismos que contribuyen a una reactivación de los sectores productivos nacionales, en lugar de incentivar las importaciones de bienes y servicios. En nuestro caso, por consiguiente, se hace imprescindible contar con un sector productivo agrícola e industrial nacional fuerte. En tal virtud, procederemos a una modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, en base a la cual todas las instituciones estatales se encuentren obligadas a adquirir un mínimo del 30 por ciento de sus compras en bienes producidos en el país”.
Dijo que durante nuestro último período de gobierno promovimos la elaboración del Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la República Dominicana, que veía en la industria uno de los principales motores de crecimiento en el país.
“Como consecuencia de ese plan, surgió la Ley de ProIndustria, que ha desempeñado un papel clave en la creación de incentivos para la expansión de nuestro sector industrial; y es por eso que en estos momentos estamos de acuerdo en apoyar la aprobación del proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso Nacional para adecuar dicha ley y facilitar la reconversión industrial.
Ahora bien, al apoyar la extensión de los incentivos de la Ley de ProIndustria, debemos evitar en caer en incoherencias. Constituye una incoherencia, por ejemplo, el hecho de que el actual gobierno, al someter un proyecto de ley para prorrogar los incentivos de la Ley de ProIndustria, por otro lado dispone, sin embargo, en la Ley de Presupuesto, gravar con ITBIS los bienes que no están sujetos al pago de dicho impuesto”, dijo
Dijo compartir la filosofía de esta asociación en el sentido de que el sector industrial debe contar con políticas activas de encadenamiento productivo. Que debe haber una mayor integración dentro del mismo sector, pero de igual manera con otros sectores, como por ejemplo, el agropecuario, el turismo, las zonas francas y la construcción.
“Un mayor encadenamiento productivo conduce a mayores fuentes de empleo y a la creación de nuevas oportunidades empresariales. Para hacer efectivo el aporte del gobierno a una política activa de fomento a los encadenamientos productivos, resulta importante promover una reforma institucional de todas las entidades que intervienen en la política industrial. Esto así, para que sean más eficientes y puedan existir instancias permanentes de colaboración institucional. El sistema institucional del sector industrial dominicano está muy disperso. No existe una concentración de acciones que impacten de forma positiva el aparato productivo. Tenemos más de 10 instituciones públicas y privadas alrededor del sector y todas, o hacen lo mismo o no hacen nada, por fortalecer el aparato industrial”.
Planteó crear un instrumento de gobernanza o dirección que paute el proceso a seguir por la industria dominicana.
“En el Programa de Gobierno de la Fuerza del Pueblo, elaboramos siete pilares para una nueva etapa de transformaciones, en distintos ámbitos, en el país. Uno de ellos se refiere a la creación de un nuevo paradigma de innovación y competitividad. Para hacer efectiva esa propuesta, se requiere la formación de miles de técnicos en ingeniería de software, robótica, biotecnología, nanotecnología, realidad virtual aumentada, así como de otras tecnologías emergentes. Eso nos proponemos realizarlo a través de nuestras instituciones de educación superior, de la continuación de nuestro programa de becas en el exterior; y la expansión del Instituto Tecnológico de Las Américas”.
Sostuvo que su gestión, el Cuerpo Diplomático estará al servicio de la promoción del país y de sus productos. Daremos apoyo para trabajar conjuntamente con el sector privado, para entrenar a nuestros productores agropecuarios en el cumplimiento de las normas fitosanitarias.
Agropecuaria
De igual manera, dijo que apoyará al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. Para eso recibirá todo el apoyo para el financiamiento, investigación, y siembra de especies con mayor productividad.
“En nuestro Gobierno, la minería será una actividad prioritaria. Estamos conscientes de la necesidad de explotar nuestros recursos mineros, pero aspiramos a una industria extractiva que opere en armonía con el medio ambiente y aporte, para impulsar su desarrollo, una parte importante de los beneficios, a las comunidades donde operen las empresas”.
Vulnerabilidad
Leonel dijo que el Covid-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas internacionales de suministro, y la República Dominicana, debido a su estratégica posición geográfica, podrá beneficiarse de la inevitable recomposición geoestratégica que se generará.
“Por esas razones, planteamos la conversión del Parque Cibernético de Santo Domingo en el Corredor Tecnológico de Las Américas, para lograr de esa manera, la instalación de empresas de alta tecnología, lo que significa la aplicación de un modelo de desarrollo de capital intensivo, con fuerte base tecnológica. Para que la República Dominicana pueda mejorar su competitividad, incrementar sus exportaciones y captar nuevas inversiones, debemos, entre otras políticas, adoptar las siguientes:
Primero, vincular la política industrial a la política comercial, con el propósito de promover el crecimiento y desarrollo de nuestras industrias, que no solo sustituya importaciones de bienes finales, sino que los produzca, así como también bienes intermedios, destinados al mercado internacional.
Segundo, fortalecer y dinamizar el Banco Nacional de las Exportaciones.
Tercero, establecer de manera definitiva y total el sistema de ventanilla única.
Y cuarto, modernizar y actualizar los puertos, aeropuertos y las aduanas del país”.
Con la contracción de la demanda mundial, debido al impacto del COVID-19, dijo que muchos sectores cuentan actualmente con una sobrecapacidad instalada. Debido a eso, existe el legítimo temor de que surjan prácticas desleales al comercio, como el dumping.
“Ante una situación como esa, ¿Cómo podríamos defender los productos nacionales de prácticas desleales al comercio provenientes de terceros países? Para responder a esta interrogante, hay que recordar que la República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio, y dentro de ese marco defenderemos a los productores locales de prácticas desleales. No vamos a propiciar la realización de importaciones que muchas veces afectan y llevan a la quiebra al productor local. Por el contrario, fortaleceremos la Comisión de Defensa Comercia”.
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