Yomaira Del Rosario/firma invitada Hormiga Radio Group.
Este viernes 9 de agosto habrá de conmemorarse a futuro como un viernes negro para el ejercicio del periodismo.
Por los balcones del Palacio de Justicia de Santiago, saltaron en un vuelo suicida los aires de Justicia. La verdad fue sepultada. El poder económico y político venció otra vez.
Este viernes 9 de agosto, una jueza, firmó un pacto que legitimiza las agresiones y acribilla el derecho a la libre información y la libertad de prensa, consagradas en leyes desconocidas en una sentencia para matar.
Este viernes 9 de agosto, una sentencia legitimó los ilícitos, expuestos claramente en un expediente acusatorio, de intento de asesinato, amenazas de muerte, las contusiones que marcaron sus costados, el robo agravado, la vejación contra la periodista Indira Vásquez y el reportero gráfico José Manuel de la Cruz, de Teleuniverso canal 29, quienes abrieron el lente de su cámara para denunciar la extracción ilegal y abusiva de material de agregados, con fines de exportación, del río Bajabonico Arriba, en el municipio Imbert en la provincia Puerto Plata.
Una mujer, la jueza Jazmín de los Santos, regenteando la audiencia de juicio de fondo dirimida en la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este distrito judicial, desconoció las agravantes de la violencia de género ejercidas, indica el expediente, por el empresario Pedro Juan Reyes, su hijo Pedro Juan Reyes Peña, un hermano del primero, Reinaldo Antonio Reyes y el empleado Danilo Sánchez Minier, contra la periodista, a quien, en su testimonio, casi le cortaron el aliento cuando manos intencionadas a matar le marcaron severamente el cuello. Los golpes que sufrió la periodista, le provocaron sangrados urinarios, como lo certificó oportunamente el INACIF.
Las heridas fueron superficiales, alegó de los Santos.
La sentencia que descargó a los tres primeros imputados, solo condenó, en materia civil, pues le descargó en lo penal, a Danilo Sánchez Minier, quien deberá pagar una indemnización ínfima de 20,000 pesos a sus víctimas.
De los Santos, desconoció las pruebas periciales, documentales, testimoniales, y las consideró insuficientes.
El secuestro de estas víctimas, vejados y amenazados, además de que fueron despojados de celulares y herramientas de trabajo, eso es robo agravado, es cosa simple para la Justicia.
Pero, ¿qué se podía esperar, si para el Ministerio Público, en fase inicial de este caso tutelado por la magistrada Aura Luz García, la conciliación era la salida para no enfrentar a quien, para ellos, tiene fuerzas e influencias para quitar y poner?
El hecho ocurrió, recordamos, el 26 de mayo del 2017.
Escasas líneas de información habrá de leerse sobre este caso en los diarios locales y nacionales. El compromiso con el Poder es cosa angustiosa. Los ´´amigos´´ que compró el dinero en estos predios, arrebataron a Indira y a José Manuel los abrazos solidarios que pudieron recibir.
La sentencia atañe a todos y todas. Atañe a la colectividad, y a quienes hoy, dentro de la clase, se sienten lejanos y ajenos.
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