Por SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO
Los procuradores Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entregaron a la Justicia cerca de la medianoche de este sábado el expediente del caso de corrupción Medusa.
El expediente, del cual es principal acusado el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, fue depositado en la Sala de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital dominicana.
El expediente fue recibido por la secretaria de turno, explicó la funcionaria del Ministerio Público Luisa Liranzo. Detalló que el caso fue exactamente fue entregado a las 11:42 de la noche.
Liranzo expresó que se trata de uno de los casos más completos, en cuanto al número de pruebas, con más de 50 acusados, más de 3 mil pruebas, con tipos pinales que incluyen lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes.
En junio del 2021 el Ministerio Público apresó al exprocurador Jean Alain Rodríguez acusándolo de corrupción administrativa durante el período en que estuvo al frente de la Procuraduría General de la República.
En ese momento, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha la Operación Medusaque imputa al exprocurador general y a empleados de su gestión de varios delitos.
Imputados en el Caso Medusa
El exprocurador es procesado junto a varios funcionarios de su gestión al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
Jean Alain Rodríguez, principal acusado de corrupción en Operación Medusa.El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo del Ministerio Público cumplen cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres,
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El expediente del Caso Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, varios de los cuales con prisión preventiva y domiciliaria han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
Auditoría Cámara de Cuentas
El pasado 28 de junio fue dado a conocer un informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicanasobre la auditoría hecha a la gestión de Jean Alain en la Procuraduría, en la cual detectó irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos.
Entre las anomalías detectadasestán la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a un empleada del ministerio de la Presidencia; se dispuso de más de un millón setecientos mil pesos sin ninguna documentación de soporte; contrato por más de quinientos millones de pesos a consorcio sin registro de suplidor del Estado, entre otras.
Asimismo, se detectó un pago por más de seiscientos millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía.
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