Por Julián Herrera
Al menos 3,824 funcionarios y exfuncionarios no han presentado la declaración jurada ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) al finalizar el tercer trimestre de este año.
Los faltantes incluyen a funcionarios elegidos, reelegidos, designados y parte de los que desempeñaron funciones durante el último periodo de Gobierno de Danilo Medina (2016-2020), que debieron presentar una declaración de patrimonio al final de su gestión.
Esto ha generado inquietud entre sectores de la sociedad civil, ya que afirman que la falta de presentación o transparencia en la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos podría conducir a sospechas de corrupción, además de transgredir la normativa 311-14.
Un informe de la Cámara de Cuentas señala que solo siete declaraciones de patrimonio se presentaron dentro del plazo establecido por la ley, mientras que otras 62 fueron entregadas fuera de tiempo y 3,824 no han sido presentadas.
Las documentaciones indican que de las declaraciones que faltan, 3,647 pertenecen a servidores de las alcaldías y juntas municipales, mientras que 97 son funcionarios de instituciones centralizadas y cinco del Gobierno Central.
A partir del 16 de agosto de 2016, los funcionarios despedidos deben presentar su declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido por la normativa mencionada.
Los funcionarios de cualquier institución, incluidas las de gobiernos locales, que manejen recursos del Estado, deben presentar una declaración de patrimonio al inicio y al final del cargo de acuerdo con la referida ley.
Esta ley (311-14) tiene como objetivo establecer las instituciones responsables de su implementación, promover la coordinación institucional, fomentar la administración ética y fortalecer los organismos públicos de control de la corrupción administrativa para que puedan desempeñarse de manera eficiente.
El incumplimiento a la ley por parte de funcionarios y exfuncionarios podría dar como resultado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 16 de la normativa.
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