SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “No hacer uso en procesos electorales futuros de los equipos de registro de concurrentes y de escrutinio automatizado”, fue la recomendación realizada por la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE), sobre los equipos comprados a la empresa INDRA Sistemas S.A para las elecciones del 2016, y que le costaron a los dominicanos cerca de US$ 40 millones.
Según los expertos de la JCE, tras revisar el diagnóstico realizado a las unidades de registro y escrutinio, ponderando los problemas reportados en las pruebas y analizados los problemas reportados el día de las elecciones, luego de considerar las observaciones de las misiones electorales, se confirmó la ocurrencia de anomalías técnicas de hardware y fallos de software, lo cual impidió el correcto funcionamiento de los mismos, afectando su desempeño y la imagen de la Junta Central Electoral.
Eddy Olivares Ortega, exmiembro titular de la Junta Central Electoral, en una carta enviada al entonces presidente de la JCE, Roberto Rosario, el 27 de junio del 2016, se expresó indignado por la manipulación de las firmas INDRA Sistemas, de España, y la filial española de PricewaterhouseCoopers, por supuestamente burlarse de la inteligencia de la sociedad dominicana al ofrecer equipos y software para el proceso electoral que no cumplieron con la función establecida en el contrato firmado. Agregó que la JCE poseía suficientes elementos para proceder con una demanda contra la empresa.
En el informe de 40 páginas, se establece que en la solución de equipos y servicios adquiridos a INDRA no se permitió la participación de los técnicos calificados de la Dirección de Informática de la JCE en el proceso de diseño, adaptación, integración ni de la implementación, quedando excluido de dichos procesos, así como del control de los equipos adquiridos y sus programas, otorgando el control de las elecciones a un tercero.
Asimismo, destaca que en los procesos electorales efectuados desde el año 2000 al 2014 los trabajos de tecnología iniciaban con un año de anticipación, mientras que en este proceso del 2016 “se mostró una evidente improvisación, falta de control, y carencia de un plan de trabajo integrado a un plan estratégico y al calendario electoral”.
“Esto se veía venir con el hecho de firmar un acuerdo de tecnología, con todo lo que esto implica, y efectuando modificaciones de ampliación al acuerdo, a menos de 75 días de las elecciones”, indica.
Dada las problemáticas encontradas en los equipos adquiridos, y considerando que la depreciación y obsolescencia de los mismos se incrementa a partir de los 6 meses, habría que analizar y cuantificar el costo de su reparación, y el costo de almacenamiento, para poder determinar el uso futuro de estos en procesos Electorales o no.
En el informe también se señala que el hecho de que a días de las elecciones se llevaran a cabo cambios a los componentes, luego de haber sido adjudicado el contrato, implica que las especificaciones de los equipos en la licitación no cumplían con los objetivos establecidos, y que la adjudicación en este escenario no debió efectuarse.
“La falta de control y de objetivos claros es mucho más evidente al aceptar que la entrega de los equipos era válida a menos de 60 días de las elecciones”, agrega.
El Departamento Informático sostiene que los dispositivos destinados a la formación del personal se recibieron en almacén el 28 de marzo 2016 dejando un espacio disponible de tan solo 48 días antes de las elecciones para hacer todas las pruebas de lugar y capacitar a 19,148 personal técnico en el uso y administración de los mismos. Esto afectó directamente la calidad de las pruebas y de los adiestramientos, dando como resultado una capacitación apresurada, incompleta y desordenada.
Fallaron desde la primera prueba
“Desde la primera prueba realizada se detectaron fallos en las unidades”, denuncia el informe, sin que en ninguna prueba se pudo conseguir que se transmitiera el 100 % de los Colegios Electorales incluidos en las pruebas, obviando las recomendaciones de los técnicos, en cuanto a las fallas del sistema y los problemas de hardware.
Explica que si bien los fallos y las mejoras se solicitaron muy cerca al día de las elecciones, debió ser sometido desde las primeras pruebas y los arreglos correspondientes debieron ser efectuados haciendo uso de la garantía sin costo adicional.
Sin embargo, la JCE aprobó a la empresa INDRA el Anexo I por un monto de US$ 3.9 millones por el concepto de “Mejoras a los equipos de Identificación y Registro” en el cual, en el punto II.2.2, el objetivo era precisamente atender este tema, por lo que se puede concluir – indica el informe – que esta partida no se ejecutó o se ejecutó parcialmente.
“El mal desempeño de estos equipos es un reflejo de una falta de visión y de objetivos claros para incorporar mejoras en el proceso electoral”, destaca el informe redactado por el Departamento de Informática de la JCE, en el cual expresa que los porcentajes de las fallas de Hardware, Software, y componentes en la transmisión, cierre y computo de las boletas, resultaron ser muy altos, sin que existiera además una contingencia efectiva como parte integral del proceso.
Debido a las múltiples fallas del Sistema de Consolidación de Resultados durante el proceso electoral, se desestimó su uso durante los comicios y se utilizó en su lugar el sistema propio de la JCE para la Generación de Boletines y Consolidación de Resultados.
Los ejecutivos de la JCE, encabezados por Roberto Rosario Márquez rechazaron la posibilidad de proceder en contra de la empres INDRA.
Afirma además que se pudo diseñar un solo equipo con los componentes integrados en lugar de los tres dispositivos individuales adquiridos. Cita como ejemplo la adición de un lector de huellas a la Unidad de Escrutinio, lo que hacía innecesario la Unidad de Registro, ahorrándole a la JCE unos US$ 7 millones.
Agrega que dada las problemáticas encontradas en los equipos adquiridos, y considerando que la depreciación y obsolescencia de los mismos se incrementa a partir de los 6 meses, sería necesario analizar y cuantificar el costo de su reparación, y el costo de almacenamiento, para poder determinar el uso futuro de estos en procesos Electorales o no, manteniendo su recomendación de no hacer uso en procesos electorales futuros de los equipos de registro de concurrentes y de escrutinio automatizado.
Demanda contra INDRA
Eddy Olivares Ortega, exmiembro titular de la Junta Central Electoral, en una carta enviada al entonces presidente de la JCE, Roberto Rosario, el 27 de junio del 2016, se expresó indignado por la manipulación de las firmas INDRA Sistemas, de España, y la filial española de PricewaterhouseCoopers, por supuestamente burlarse de la inteligencia de la sociedad dominicana al ofrecer equipos y software para el proceso electoral que no cumplieron con la función establecida en el contrato firmado.
Agregó que la JCE poseía suficientes elementos para proceder con una demanda contra la empresa. Mas los ejecutivos de la entidad, encabezados por Rosario Márquez rechazaron esa posibilidad.
Previo a esto, durante un discurso de casi una hora pronunciado el 2 de junio del 2016, por Color Visión, Rosario Márquez expuso que “consciente de la complejidad del proceso” de ese año, se optó por el uso de tecnología y la automatización de la administración del colegio electoral, lo que “permitió que cada una o dos horas se tuviera en tiempo real, información en línea de la cantidad de personas que habían asistido a los colegios electorales”, agregando que el 76 % de los equipos de Registro de Concurrentes operó, y suministró informaciones.
El informe del Departamento de Informática de la JCE, sin embargo, cuenta otra historia. Según los datos, el desempeño de los equipos, conforme a las expectativas contratadas, fue muy pobre, ya que 36 % de los Colegios Electorales no transmitió ningún dato y aproximadamente el 58 % de las Relaciones de Votación del nivel C1 fueron procesadas de forma manual debido a que no se pudo completar el proceso desde los Colegios Electorales.
El 11 de febrero de 2015 se convocó la licitación JCE-CL-LPI-012015 en busca de nuevas tecnologías que permitiera mejorar los tiempos de respuesta en elecciones de alta complejidad como las Congresuales y Municipales. Licitación adjudicada a la compañía Indra Sistemas, S.A. en fecha 5 de diciembre de 2015 por un monto de US$ 31,831,680.00 dólares americanos (ITBIS incluido)”.
Para completar, a su llegada, las nuevas autoridades de la Junta Central Electoral encontraron una deuda de RD$ 2, 400 millones, contraída en un gran porcentaje durante el pasado proceso electoral.
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